El rector de la Universidad Europea del Atlántico, Rubén Calderón, ha intervenido en la Comisión de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte del Parlamento de Cantabria para informar sobre el Proyecto de Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación de Cantabria, que se encuentra en proceso de tramitación. En días previos habían comparecido también para hablar sobre la nueva norma investigadores de acreditado prestigio como Javier Crespo y Piero Crespo o el rector de la Universidad de Cantabria, Ángel Pazos.
Calderón inició su intervención subrayando que “se trata de una excelente iniciativa, con independencia de algunos puntos del texto a la hora de recoger los grandes objetivos de la Ley”. El rector de UNEATLANTICO se centró en los tres bloques principales que fijan los objetivos de la norma: la acreditación de los agentes del sistema, la financiación pública estable de la investigación y la retención del talento.
En torno al primer punto, el rector subrayó que “prácticamente los dos únicos agentes del sistema que no precisan una acreditación son las universidades y los centros tecnológicos, por una cuestión muy sencilla: para ser universidad hay que cumplir una Ley Orgánica, que ahora está en tramitación, cumplir un Real Decreto de Centros. Lo mismo pasa con un centro tecnológicos, dependen de una ley y deben estar inscritos en un registro. De hecho, nosotros tenemos una universidad y un centro investigador, el Centro de Investigación y Tecnología Industrial de Cantabria, que pretendemos convertir en centro tecnológico”.
Con respecto a la denominación de la Ley, Rubén Calderón abogó por un cambio en la misma, “en lugar de Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación de Cantabria a mí me gusta más Ley de Ciencia, Investigación y Transferencia porque esta denominación me parece mucho más amplia y hace referencia a las cinco grandes ramas de conocimiento: ciencias de la salud, ciencias experimentales, ciencias sociales y jurídicas, las humanidades y las ingenierías”.
Colaboración público-privada
En el segundo bloque, el referido a la financiación, el compareciente se detuvo en los gastos financieros, para los que pidió “mayor precisión, de modo que no quede lugar a interpretaciones” y entendió como “relevante la relación del artículo 12.1 con el 17.2 y el carácter público o privado de las entidades a las que se vinculan los agentes. Si realmente estamos ante un asunto que pretende ser estratégico, no podemos hacer esa diferenciación, sino apoyar proyectos de colaboración público-privada”.
Finalmente, en cuanto a la atracción y retención de talento, indicó que “se establece como objetivo pero realmente no se desarrolla de qué manera. Quizá esa cuestión se podría desarrollar de forma más fácil mediante un reglamento”. En todo caso consideró “complejo precisar bien este aspecto de la Ley, de modo que debería fijarse a nivel nacional y, para mí, la medida tendría que ser fiscal, al menos con carácter temporal. Tenemos que comprar su conocimiento y su experiencia”.